El diputado Santiago Aberastain presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional por dos años. La iniciativa otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para acelerar planes de vivienda, urbanización, regularización dominial e infraestructura básica en toda la provincia.
La problemática habitacional volvió a instalarse en el centro del debate político santacruceño tras la presentación de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia habitacional en todo el territorio provincial por el plazo de dos años. La iniciativa, impulsada por el diputado Santiago Aberastain Zubimendi, del bloque Por Santa Cruz, busca que la Legislatura convoque a una sesión extraordinaria para tratar una propuesta que apunta a enfrentar el creciente déficit de viviendas y facilitar el acceso al hábitat para miles de familias.
El proyecto sostiene que la falta de viviendas constituye una de las principales demandas sociales de la provincia y plantea la necesidad de adoptar medidas excepcionales que permitan acelerar la ejecución de políticas públicas destinadas a reducir el déficit habitacional.
De aprobarse, la emergencia tendrá una vigencia inicial de dos años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año adicional mediante decisión del Poder Ejecutivo, siempre que persistan las condiciones que dieron origen a la medida.
Entre los objetivos centrales del proyecto se encuentra facilitar el acceso a una vivienda digna, agilizar la construcción de soluciones habitacionales, avanzar en la regularización dominial de familias y sectores vulnerables y planificar la infraestructura básica necesaria para acompañar el crecimiento urbano de las distintas localidades santacruceñas.
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es que, durante la vigencia de la emergencia, el Poder Ejecutivo provincial quedaría habilitado para reasignar partidas presupuestarias exclusivamente destinadas a programas de vivienda e infraestructura básica.
Los recursos podrían utilizarse para ejecutar obras vinculadas a redes de agua potable, energía eléctrica, gas natural y sistemas cloacales, servicios considerados esenciales para el desarrollo de nuevos barrios y loteos.
Asimismo, el proyecto propone implementar mecanismos administrativos más ágiles para la contratación de obras, adquisición de materiales de construcción, compra de tierras y ejecución de proyectos habitacionales, procurando reducir los tiempos burocráticos sin dejar de garantizar la transparencia y los mecanismos de control sobre los recursos públicos.
La propuesta también habilita al Gobierno provincial a celebrar convenios con el Estado Nacional, municipios, comisiones de fomento, entidades financieras, cooperativas y organizaciones no gubernamentales con el propósito de obtener financiamiento y desarrollar programas habitacionales de manera conjunta.
Otro de los ejes contempla la implementación de planes de regularización dominial, destinados a brindar seguridad jurídica a familias que actualmente ocupan terrenos y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.
Además, el proyecto prevé la creación de un Banco Provincial de Tierras, una herramienta destinada a identificar, adquirir o expropiar terrenos ociosos que puedan destinarse al desarrollo de loteos sociales y futuros planes de vivienda.
La iniciativa llega en un contexto donde el acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales problemáticas sociales de Santa Cruz, marcada por el crecimiento de la demanda habitacional, la escasez de suelo urbano con servicios y el aumento de los costos de construcción.
De avanzar el tratamiento legislativo, la declaración de emergencia otorgaría al Ejecutivo herramientas extraordinarias para acelerar la ejecución de políticas públicas en materia habitacional, aunque también abrirá el debate sobre la disponibilidad de recursos, los mecanismos de financiamiento y la capacidad de respuesta del Estado frente a una demanda histórica que atraviesa a numerosas localidades de la provincia.
